Reflexiones Finales

Información comparada

Observación: La información que se presenta a continuación proviene de los informes elaborados por expertos, que en buena parte de su contenido se basan en fuentes oficiales y/o académicas. Sin embargo, es posible que detalles adicionales o información más específica o completa sea conocida por la institucionalidad u otros actores de cada país. En ese sentido, pueden haber estrategias o medidas implementadas por parte de los Estados, así como información de cada país que no se encuentre acá documentada.


1 Factores que impulsan la deforestación a nivel nacional

Brasil registra las mayores tasas de deforestación en la Amazonía, con millones de hectáreas perdidas, especialmente en la región de la Amazonía Legal. La deforestación ha ocurrido en la franja conocida como el Arco de la Deforestación, una zona que comprende una extensión de 5000 km². Este arco avanza desde el este y sur del estado de Pará hacia el oeste, pasando por Mato Grosso, Rondônia y Acre. Los principales motores de pérdida al interior de la Amazonía obedecen a la expansión de la frontera agropecuaria (Mato Grosso), al impacto indirecto de grandes obras de infraestructura (especialmente en los estados de Pará, Acre, y Amazonas), y el acaparamiento de tierras (​​PPCDAM, 2023). Aunque la expansión del agronegocio, impulsada por la producción de soja y la ganadería extensiva, ha sido el principal motor de esta pérdida, la tala ilegal y la minería también han agravado la situación, generando una significativa degradación ambiental. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), entre marzo de 2023 y abril de 2024, la degradación afectó un área tres veces mayor que la afectada por la deforestación[1] (Agência Brasil, 2024).

Bolivia, después de Brasil, es el país amazónico con mayores tasas de deforestación, especialmente en la región de Santa Cruz, donde la expansión de la agricultura mecanizada y la ganadería intensiva ha provocado una pérdida de entre 200,000 y 265,000 hectáreas de bosque por año entre 2012 y 2017. Al igual que en Brasil, el agronegocio (soja) y la ganadería intensiva son los principales motores de la deforestación, con impactos significativos en la calidad de los suelos y el ciclo del carbono. La degradación ambiental en Bolivia se ha intensificado por la expansión no regulada de estas actividades (principalmente en el departamento de Santa Cruz), en áreas donde la gobernanza ambiental es débil. Debido a la expansión de colonias menonitas (en el departamento de Santa Cruz), la agricultura mecanizada y la ganadería intensiva han aumentado la deforestación, siendo responsables de la pérdida de más de 904 mil ha en total entre los años 2011 y 2021 (MAAP, citado por formulario de análisis Bolivia). 

Perú ha registrado en los últimos 20 años (2003-2022) cerca de 2,7 millones de hectáreas de bosque, lo cual es equivalente al 3.91%, con una tasa de pérdida de 0.20% (Plataforma de Monitoreo de Cambios sobre la Cobertura de Bosques, GEOBOSQUES). Bajo el proceso de elaboración del Nivel de Referencia de Emisiones Forestal para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se ha determinado que en los últimos 10 años (2010-2019), en la Amazonía peruana se han deforestado cerca de 1,064,032.02 hectáreas de bosque, equivalentes al 1.9%, con una tasa de deforestación del 0.15%. Los motores de deforestación en la Amazonía peruana obedecen principalmente a la expansión agropecuaria, la ganadería, la expansión de cultivos para uso ilícito, la minería ilegal y la expansión de infraestructura de comunicación e industrias extractivas (MINAM, 2016, citado por Formulario de análisis Perú). 

Ecuador ha registrado una tendencia a la baja en la tasa de deforestación. Entre 1990 y el año 2000, la deforestación anual alcanzó las 129.943 hectáreas por año. En las décadas siguientes, la cifra disminuyó hasta 82.529 ha/año. Pese a la disminución progresiva, entre 2018 y 2020 se registró una variación de aumento de la deforestación, alcanzando 91.688 ha/año. De este total, 44.036,71 ha/año se deforestaron en la Amazonía, siendo Morona Santiago la región más afectada (Sistema Nacional de monitoreo de Bosques, 2023 citado por Formulario de análisis Ecuador). Pese a la tendencia nacional, la Amazonía es actualmente una región crítica. Si bien en el 2018 era la menos deforestada (aproximadamente el 83% del área forestal estaba en pie), el actual incremento de las tasas en algunas de su áreas obedece principalmente a la expansión de área agropecuaria; la ampliación de usos extensivos del suelo, sobre todo en la Amazonía alta sur, donde el área de pastos continúa ampliándose. Con corte al 2018, el principal uso de las áreas deforestadas en el Ecuador ha sido el de pastos para ganadería (Sierra, 2019 citado por Formulario de análisis Ecuador). De acuerdo a información de MapBiomas en los últimos años actividades como la minería ilegal, la demanda internacional de madera han fomentado el mercado ilegal de madera y han incrementado la deforestación.

Colombia registra la pérdida de 2,8 millones de hectáreas entre los años 2000 y 2019, siendo la Amazonía la región más afectada, al concentrar el 62% de la deforestación, con una tendencia al aumento en los últimos años. Aunque con variaciones en los departamentos del país que hacen parte de la región, su avance está asociado principalmente a la ganadería extensiva, la expansión de cultivos de uso ilícito, el acaparamiento de tierras, la ampliación de la frontera agraria y, en algunos departamentos, las industrias extractivas y el desarrollo de vías con su consecuente efecto de “espina de pescado” que genera graves afectaciones a los ecosistemas.

Suriname y Guyana, a pesar de tener una alta cobertura forestal y bajas tasas de deforestación, enfrentan graves problemas de degradación ambiental por la minería ilegal de oro. Aunque sus tasas de deforestación no son elevadas como en los demás países amazónicos, la minería ha provocado una degradación significativa de los ecosistemas, especialmente en términos de contaminación de los suelos y cuerpos de agua con mercurio. En Suriname, la minería es el principal motor de la deforestación actual, representando el 69% de la deforestación total entre el 2000 y el 2017. En Guyana, los factores están asociados a la minería (82%), la agricultura (14%) y la construcción de vías de infraestructura (3.5%). 

Venezuela registra que en el estado Amazonas el total acumulado de pérdida de bosque primario en el periodo 2010-2022 es de 132.280 hectáreas, alcanzando picos de deforestación en el 2016 con un total de 41.400 ha y el 2019 con un total de 27.200 ha deforestadas. Entre 2021 y 2022 han tenido una tendencia a la disminución. La actividad agropecuaria y minera constituyen los dos principales causantes de la pérdida del bosque en la Amazonía, con una intensificación de su desarrollo principalmente entre el 2015 y 2020. La falta de control estatal en algunas áreas ha permitido que la minería ilegal degrade los ecosistemas, lo que representa un desafío creciente para la conservación del bosque.

2 Estrategias nacionales frente a la deforestación

Bolivia: sus Compromisos Nacionalmente Determinados, específicamente las metas 11, 12, y 13 del sector Bosques, están enfocados en la reducción de la deforestación. El país ha enfocado su estrategia en acciones de monitoreo y control para lo cual cuenta con un Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Actualmente se está elaborando la Estrategia de Bosques y la Estrategia para la Reducción de la Deforestación. 

Ecuador: Los lineamientos para la lucha contra la deforestación se encuentran en el Plan de Acción REDD+ “Bosques para el Buen Vivir” (2016-2025), reformado mediante el Acuerdo Ministerial MAATE-2023-136. En cuanto a deforestación el plan cuenta con un componente para el monitoreo y nivel de referencia de deforestación y articula las estrategias, proyectos y planes de acción de los Ministerios de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (enfocadas en la conservación, restauración y control forestal) con los del Ministerio de Agricultura en relación a la producción agropecuaria, buscando impulsar modelos de producción sostenible y libre de deforestación. El Plan es el instrumento de política referido en la NDC del Ecuador para impulsar la reducción de emisiones del sector de Uso y Cambio de Uso del Suelo y Silvicutura (USCUSS). A través de esta política se han generado Planes de Implementación REDD+ a nivel territorial, a través de los cuales se promueve la canalización de recursos directamente hacia los pueblos indígenas. A la fecha esta política se encuentra en proceso de actualización y en un proceso de construcción del nuevo Plan de Acción REDD+ 2026 en adelante.

Perú: Para reducir los niveles de deforestación y degradación de ecosistemas se ha diseñado la Política Nacional del Ambiente al 2030. Asimismo, la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático al 2030, tiene como objetivo general, reducir la pérdida y degradación de bosques en Perú y mejorar la resiliencia del paisaje forestal y de la población que depende de estos ecosistemas, con especial énfasis en los pueblos indígenas y campesinos (MINAM, 2016). Esta estrategia es considerada la Estrategia REDD+ del país y ha apoyado el desarrollo de medidas de mitigación que aportan a la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). Asimismo, se desarrolla el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación al Cambio Climático (PNCBMCC) que realiza monitoreo de pérdida de cobertura de bosques, y cuenta con un Sistema de Alertas Tempranas de Deforestación. Son complementarias la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal, el Plan Nacional de Adaptación y aquellas que se encuentran en elaboración como la Estrategia Nacional de Cambio Climático; la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y el Plan Nacional Forestal. 

Brasil: Entre agosto de 2022 y julio de 2023, la deforestación en la Amazonía Legal fue de 9.064km², lo que representó una reducción del 21,8% en comparación con el período anterior. Esta fue la tasa de deforestación más baja desde 2019, año en el que el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDA) fue derogado. Este plan, creado en el 2004, contribuyó a mantener la tasa de deforestación por debajo de los 8.000 km2 hasta el 2018. El desmantelamiento de organismos, políticas y legislaciones ambientales llevado a cabo en el 2019, llevó a un aumento de la deforestación que en 2021 alcanzó los 13.000 km². Bajo el gobierno actual el plan fue retomado en su quinta fase por ser considerado uno de los principales instrumentos para la reducción de la deforestación. Se destaca asimismo el Plan Amazonía Ahora del Estado de Pará, un plan sectorial de uso de la tierra y los bosques inscrito en la Política Estatal sobre el Cambio Climático de Pará. 

Venezuela monitorea los índices de deforestación y cobertura forestal (proyecto de Monitoreo de la Cobertura Forestal) a través del Ministerio de Ecosocialismo (MINEC) y ha participado de los proyectos de monitoreo de la cobertura forestal en la región impulsados por la OTCA[2]. 

Colombia cuenta con una Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques cuyo objetivo es cumplir la meta de cero deforestación neta a 2030. Colombia se ha enfocado en cualificar los sistemas de información, monitoreo y reporte, y en fortalecer la capacidad del Estado para desplegar acciones en territorio a través de un enfoque de trabajo con comunidades ubicadas en el arco de deforestación. El Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación celebrado en 2022 estableció un enfoque de abordaje basado en la prevención y la contención y no en la orientación militar de los últimos años. Este cambio de enfoque ha permitido la celebración de acuerdos para la contención de la deforestación con familias y comunidades, y ha implicado un cambio en el tratamiento de uno de sus motores –los cultivos de uso ilícito– cuyo modelo ha pasado de la interdicción a la celebración de acuerdos y desarrollo de alternativas económicas en línea con lo acordado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto (2016). En todo caso, la falta de una presencia sostenida del Estado, la complejidad de su articulación para lograr una intervención y acompañamiento integral, y las dinámicas de control territorial por grupos armados e intereses asociados a economías ilícitas, hacen difícil el avance en la lucha contra la deforestación.

Guyana tiene una alta cobertura forestal y baja deforestación. Sin embargo, de acuerdo al Plan de Acción de Biodiversidad, las principales amenazas para la biodiversidad en el presente son el cambio climático, la deforestación y la degradación del suelo. Esto llevó al diseño de la Estrategia de Desarrollo Baja en Carbono (LCDS por sus siglas en inglés) que orienta las políticas de planeación del país hacia el desarrollo de una economía baja en carbono, integrando diferentes estrategias como la de Áreas Protegidas y biodiversidad. Asimismo, incorpora los mecanismos de REDD+ y estrategias de monitoreo forestal. El país también cuenta con un sistema de monitoreo y respuesta ante incendios.

Suriname: Al igual que Guyana, pese a las bajas tasas de deforestación, del 0.006% anual, Suriname enfrenta presiones debido a actividades de minería, agricultura y urbanización, especialmente en las zonas costeras. El país cuenta con una Estrategia Nacional de REDD+ enfocada, entre otros propósitos, en reducir las emisiones por deforestación y degradación e implementa una política de manejo de áreas protegidas enfocada en el manejo sostenible de los bosques. 

3 Sistemas de monitoreo satelital

Bolivia: Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB)  dependiente del Ministerio de Medio y Agua. 

Brasil: sistema de alerta rápida para la detección de cambios de la cobertura forestal en la Amazonía, DETER[3]; PRODES[4], sistema de monitoreo satelital de la deforestación en la Amazonía Legal, produce tasas anuales de deforestación en la región desde 1988. En cuanto al monitoreo a la degradación, se destaca los sistemas de información sobre focos de incendio del Programa Queimadas del INPE, cuyos datos están disponibles en la plataforma Terra Brasilis.

Colombia: Sistema de Monitoreo de Bosques y Sistema de Alertas Tempranas por Deforestación. El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SMByC permite la generación de los boletines trimestrales de Detecciones Tempranas de Deforestación (DTD). Este sistema cuenta con protocolos de monitoreo y seguimiento de la degradación de suelos y tierras por erosión, salinización, desertificación, entre otros. Desde 1999, en conjunto con UNODC, el país cuenta con un Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) que monitorea la extensión de cultivos de coca y también permite hacer monitoreo a la deforestación.

Guyana: Guyana Forestry Commission (GFC) monitorea la ocurrencia de incendios y trabaja en colaboración con comunidades locales para gestionar el fuego de manera más efectiva. 

Suriname: el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (NFMS por sus siglas en inglés) hace parte de la estrategia nacional de REDD+ y permite monitorear la deforestación, e involucra estrategias de monitoreo comunitario. 

Ecuador: El Plan de Acción REDD+ “Bosques para el Buen Vivir” cuenta con un componente para el monitoreo y nivel de referencia de deforestación: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques. Asimismo cuenta con un Sistema de Monitoreo de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB). Ambos requieren fortalecerse, principalmente para mantener datos actualizados que sirvan al diseño y gestión de estrategias de respuesta específicas.

Perú: la Plataforma de Monitoreo de Cambios sobre la Cobertura de Bosques (GEOBOSQUES) a cargo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático – PNCB del Ministerio del Ambiente, hace seguimiento a la pérdida de cobertura de bosques. Asimismo, el Ministerio del Ambiente cuenta con la plataforma UKUKUI que permite la elaboración de mapas anuales basados en el nivel de referencia de deforestación. 

4 Políticas de manejo del fuego

Brasil: dado que los incendios forestales se consideran uno de los principales impulsores de la degradación de áreas forestales en la Amazonía brasileña[5], el país cuenta con una Política Nacional de Manejo Integrado del Fuego (Ley N.º 14.944, del 31 de julio de 2024).  Esta política establece lineamientos para el uso del fuego en áreas rurales, con enfoque en la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad. La política incluye la coordinación de brigadas forestales para operar en territorios indígenas y tiene un enfoque de gestión participativa con pueblos indígenas, comunidades (reconociendo prácticas tradicionales de uso del fuego) y sector privado. Asimismo, cuenta con el portal Terra Brasilis, que reporta las tasas anuales de focos de incendio y ofrece información sobre la situación de los incendios en todos los países amazónicos. El INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) cuenta con un Sistema de Detección de Incendios (Queimadas), que utiliza imágenes satelitales para detectar y monitorear incendios en tiempo real. 

Perú: el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS) incluye un componente de monitoreo de incendios forestales a través de la plataforma Geobosques. Este sistema permite detectar incendios en tiempo real y coordinar la respuesta de las autoridades locales y nacionales. Además, Perú ha comenzado a integrar un enfoque de manejo integrado del fuego, apoyado por REDD+ y otros programas internacionales, para mejorar las prácticas de manejo forestal y reducir la incidencia de incendios descontrolados en la Amazonía.

Ecuador: Ecuador ha implementado programas de manejo de incendios forestales a través del Ministerio del Ambiente, que también se apoyan en el monitoreo satelital mediante el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales. Estos sistemas permiten detectar incendios en áreas protegidas y territorios vulnerables, y coordinar respuestas rápidas. Además, Ecuador ha enfatizado la importancia de capacitar a las comunidades en el manejo del fuego, combinando prácticas tradicionales con enfoques modernos para reducir el riesgo de incendios.

Colombia ha desarrollado una estrategia nacional para el manejo del fuego, la cual está integrada en su sistema de monitoreo ambiental, SIAT-AC, que incluye información sobre puntos de calor y áreas afectadas por incendios forestales. Además, Colombia ha realizado esfuerzos significativos para incluir el conocimiento de las comunidades locales en el manejo del fuego, promoviendo prácticas sostenibles que eviten incendios descontrolados, especialmente en áreas protegidas y territorios indígenas.

Bolivia enfrenta desafíos significativos relacionados con los incendios forestales, especialmente en el departamento de Santa Cruz, que registra la mayor pérdida de bosque por quemas descontroladas o no planificadas. El país ha trabajado en la creación de programas de manejo integrado del fuego y la implementación de tecnologías de monitoreo satelital para detectar incendios. También se han implementado brigadas comunitarias capacitadas en el combate de incendios, combinando tecnología con conocimiento local para mejorar la prevención y respuesta.

Tanto Suriname como Guyana enfrentan menos incendios forestales que otros países amazónicos. Sin embargo, con el aumento de las temperaturas globales y la presión sobre los bosques, ambos países han comenzado a trabajar en sistemas de monitoreo y respuesta ante incendios. En Guyana, el Guyana Forestry Commission (GFC) monitorea la ocurrencia de incendios y trabaja en colaboración con comunidades locales para gestionar el fuego de manera más efectiva. Suriname ha expresado su interés en mejorar la cooperación regional a través de iniciativas como REDD+, enfocándose en mejorar la capacidad técnica y logística para el monitoreo de incendios forestales y la prevención de desastres relacionados con el fuego.

5 Estrategias de conservación y uso sostenible de la biodiversidad

Bolivia: de acuerdo con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) está conformado por 22 áreas nacionales y cerca de 200 áreas protegidas de carácter departamental y municipal, que cubren cerca del 30% del territorio nacional. En el caso de las Tierras Comunitarias de Origen o Territorio Indígena Originario Campesino, 58% (55 de 190 TCO) están ubicadas en las tierras bajas de Bolivia, que suman 1,2 millones de ha. En relación a las políticas de uso sostenible de la biodiversidad, Bolivia cuenta con la Política y Estrategia Plurinacional para la Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad y su Plan de Acción 2019-2030. Esta política, elaborada en el marco de la vigencia de las metas Aichi, ofrece lineamientos y establece indicadores para promover la gestión integral y sustentable de la biodiversidad. Está alineada a los compromisos asumidos por Bolivia en el marco de la CDB, Cites, sitios Ramsar y ODS. 

Perú: Además de las disposiciones constitucionales y aquellas contenidas en la ley (Ley No 26839 de 1997), los principales instrumentos de política para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad son la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático y el Plan Nacional Director de las Áreas Naturales Protegidas. El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación al Cambio Climático (PNCBMCC) fue creado en el 2010. Este programa ha permitido la firma de convenios de conservación de bosques bajo el mecanismo Transferencias Directas Condicionadas (TDC). Este mecanismo opera a través de la transferencia de subvenciones económicas a comunidades, condicionadas al cumplimiento de compromisos. De acuerdo a la plataforma GeoBosques, entre 2011 y 2020, este mecanismo evitó la pérdida del 27 % de los bosques de comunidades socias del PNCBMCC. Por su parte, el Plan Nacional Director de las Áreas Naturales Protegidas es el instrumento máximo de planificación y orientación para la gestión de las ANP. La Amazonía peruana cuenta con diversas figuras de ordenamiento[6]. Estas figuras comprenden 68 millones de ha. En el 2023 se aprobaron[7] los lineamientos para el reporte de otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC) en la Base de Datos Mundial sobre OMEC. A la fecha, el Perú ha reconocido una OMEC (Concesión para Conservación Los Amigos, situada en la región de Madre de Dios.)

Venezuela cuenta con una Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica (2010-2020) y su Plan de Acción Nacional. La ENCDB creó el Órgano Superior del Sistema Nacional de Parques y Monumentos Naturales de Venezuela, cuya función es garantizar la administración adecuada del Sistema Nacional de Parques y Monumentos Naturales. La Amazonía venezolana actualmente cuenta con 8 Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE). Dentro de esta categoría se encuentra- entre otras- la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare (RBAOC), con cerca de ocho millones de hectáreas al sur y este del estado Amazonas. En el marco del cumpliendo de la meta 11 de Aichi para la Diversidad Biológica, Venezuela aumentó sus áreas protegidas, destacándose la creación del Parque Nacional Caura en jurisdicción de los Municipios Sucre, Cedeño y Angostura del Estado Bolívar y Manapiare del Estado Amazonas en 2017. 

Ecuador cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que abarca 26,2 millones de hectáreas constituidas por 76 áreas protegidas. Estas áreas representan el 19.4% del territorio. En la Amazonía, estas áreas comprenden 3.28 millones de hectáreas, lo que corresponde al 28.16% del territorio amazónico ecuatoriano. El Plan de Acción REDD+ “Bosques para el Buen Vivir” mencionado anteriormente articula las estrategias, proyectos y planes de acción enfocadas en la conservación. Asimismo, Ecuador cuenta con el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2022-2032; el Acuerdo Ministerial MAATE-2023-130, que contiene los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento, registro y reporte de Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas (OMEC) y el Acuerdo No. MAAE-2020- 019 que establece lineamientos y criterios técnicos para el diseño, establecimiento y gestión de los corredores de conectividad. A través del Decreto Ejecutivo no. 859, el Ecuador anunció la creación del Biocorredor Amazónico que integra el recorrido de los ríos Napo, Pastaza y Santiago, como un modelo de gobernanza y gestión sostenible de la biodiversidad y el agua de la Amazonía ecuatoriana, buscando incorporar 2 millones de hectáreas a los 4,6 millones de hectáreas que están bajo algún mecanismo de conservación (se incluyen áreas protegidas, bosques protectores, áreas bajo el programa socio bosque, corredores de conectividad u otro) (MAATE, 2023). En cuanto al uso sostenible de la biodiversidad, Ecuador cuenta con la Agenda nacional de investigación de la biodiversidad y el Plan estratégico 2021-2025 del Instituto Nacional de Biodiversidad, uno de cuyos proyectos se concentra en investigar los usos potenciales de la biodiversidad y desarrollar tecnologías e innovaciones que permitan la conservación in situ y ex situ de la Biodiversidad. Por último, cuenta con el Programa Incentivo por conservación Socio Bosque (PSB) que busca asegurar la gobernanza con una mejor asociatividad y participación en las políticas públicas de conservación. 

Colombia: cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que integra las principales estrategias de conservación in situ y cuenta con experiencias relevantes en cuanto a modelos de coordinación y gobernanza conjunta o compartida con pueblos indígenas y comunidades. Asimismo, cuenta con un Sistema Nacional de Áreas de Conservación que incluye tanto áreas protegidas como OMEC. A la fecha, la Amazonía colombiana tiene 11 áreas protegidas y 846 resguardos indígenas y Entidades Territoriales Indígenas en proceso de conformación. Pese a que los resguardos no hacen parte del sistema de áreas de conservación, se los considera una figura fundamental para la gestión de los bosques (CONPES 4021 de 2020). En la Amazonía colombiana, los resguardos existentes representan más del 50% del territorio. 

Brasil considera áreas protegidas las unidades de conservación (de uso sostenible y de protección integral); los territorios Quilombolas; las Áreas de Preservación Permanente y las Reservas Legales. En la Amazonía, las áreas protegidas abarcan aproximadamente 215 millones de hectáreas, lo que representa el 51% de la superficie total del bioma. De ese total, la mitad corresponde a Tierras Indígenas, el 32.7% a Unidades de Conservación de Uso Sostenible, y el 17% a Unidades de Conservación de Protección Integral. Los Territorios Quilombolas comprenden sólo el 0.14% de las áreas protegidas. El programa ARPA (Áreas Protegidas da Amazônia), que actualmente se encuentra en su tercera fase, está enfocado en la gestión, consolidación y fortalecimiento de estas áreas. Asimismo, Brasil cuenta con el Programa Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad que hace seguimiento al estado de la biodiversidad y evalúa la efectividad del Sistema Nacional de Unidades de Conservación. De las 115 Unidades de Conservación a las que el programa hace seguimiento, el 70% se encuentran en el bioma amazónico. El programa involucra a comunidades a través de acuerdos de compromiso establecidos de manera participativa, especialmente habitantes de las UCs. Esto contribuye al fortalecimiento de la gestión de conflictos y la gobernanza en estas áreas protegidas.

Guyana cuenta con 5 áreas protegidas y cuatro parques urbanos. El 8.4% del territorio nacional (1.816.391 hectáreas) forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y aproximadamente el 14% del país corresponde a tierras indígenas tituladas. El manejo de estas áreas se desarrolla bajo los lineamientos de la Ley Forestal, la Ley de Áreas Protegidas, la ley de los Pueblos Amerindios y la Ley de protección ambiental que creó la Agencia de Protección Ambiental y establece disposiciones para la conservación, protección y mejora del medio ambiente.Asimismo, se han desarrollado estrategias enfocadas en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Entre éstas se destaca la Estrategia de Desarrollo bajo en Carbono (LCDS por sus siglas en inglés) que comprende acciones frente a la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo de prácticas sostenibles de uso del suelo. 

Suriname tiene 16 áreas protegidas de las que hacen parte 11 reservas naturales, 4 Áreas de Manejo de Uso Múltiple y un parque natural. El total de áreas naturales con estatus de  protección legal representa el 14.6% del territorio de Surinam, aproximadamente 21,470 km². Cerca del 93% de la cobertura forestal del país se mantiene en pie (por lo que ha sido reconocido con el estatus de HFLD). De acuerdo con la segunda NDC del país, el gobierno planea expandir las áreas protegidas al 17% de su territorio para 2030. La Ley Marco de Medio Ambiente y la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal han fortalecido la gobernanza y las capacidades de monitoreo del país (Gobierno de Surinam, 2024; Estrategia REDD+, 2019), incorporando enfoques participativos con pueblos indígenas y comunidades, así como mecanismos para la distribución de beneficios.  

6 Políticas y metas de restauración

El secuestro de carbono a través de la restauración forestal es un componente clave en las estrategias de mitigación climática de varios países amazónicos. A nivel regional, se han comprometido a restaurar alrededor de 15.4 millones de hectáreas, aunque no siempre especifican si estas áreas están concentradas en la Amazonía.

Perú implementa la Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas y Tierras Forestales Degradadas (ProREST) 2021 – 2030, que restaura ecosistemas y tierras forestales degradadas con enfoque de paisaje. Esta estrategia tiene como meta general alcanzar a 2030 al menos el 15% de la reducción de la brecha nacional. Entre sus metas específicas destaca la de implementar procesos de restauración en más de 330 mil hectáreas de ecosistemas y tierras forestales con inversión pública, privada y financiamiento de cooperación internacional. Pese a su importancia no se cuenta con información oficial vinculada al logro de sus objetivos y financiamiento. Áreas y metas: Restauración de 3.2 millones de hectáreas para 2030.

Ecuador cuenta con el Plan Nacional de Restauración Forestal 2019-2030, emitido mediante Acuerdo Ministerial MAE-2019-065, centrado en la recuperación de ecosistemas andinos y amazónicos. El país tiene como meta restaurar 500,000 hectáreas para 2030, con prioridad en áreas deforestadas por la expansión agrícola. La restauración productiva e inclusiva se realiza a través de procesos agroecológicos y manejo sostenible de bosques, involucrando a comunidades indígenas y campesinas. El MAATE, a través del Proyecto Nacional de Restauración del Paisaje, y en cooperación con aliados estratégicos, realiza el seguimiento y monitoreo de estas áreas, a la vez brinda asistencia técnica a los ejecutores en territorio para generar mecanismos de sostenibilidad a fin de garantizar la permanencia de las áreas bajo procesos de restauración (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica – MAATE).En el caso amazónico, la mayor área priorizada para restauración está en las provincias de Morona

Santiago y Zamora Chinchipe y en las áreas protegidas Amazónicas están los Parques Sangay y Cayambe-Coca, además de la Reserva Cuyabeno. Áreas y metas: Restauración de 500,000 hectáreas para 2030.

Bolivia, a través de su Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Degradación de Tierras, busca restaurar 2 millones de hectáreas para 2030, principalmente en áreas afectadas por la agricultura. La Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra y la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático son los marcos legales que guían esta iniciativa, enfocada en restaurar ecosistemas forestales y montañosos, con un enfoque inclusivo que involucra a pequeños agricultores e indígenas en el manejo sostenible de paisajes productivos. Áreas y metas: Restauración de 2 millones de hectáreas para 2030.

Venezuela cuenta con un Manual Técnico para la restauración de bosques y un Plan Nacional de Reforestación 2022-2025. El manual prioriza ecorregiones para la restauración, algunas de éstas en zonas deforestadas en la región amazónica, especialmente en áreas afectadas por la minería ilegal. Aunque no tiene metas específicas de restauración para 2030, la restauración de cuencas hidrográficas y bosques primarios es clave en sus programas. Iniciativas agroforestales buscan integrar a comunidades locales en la gestión de áreas degradadas, especialmente en la región del Escudo Guayanés. Áreas y metas: Restauración de cuencas hidrográficas y áreas mineras degradadas.

Guyana ha establecido compromisos de restaurar 200,000 hectáreas de tierras degradadas para 2030 a través de su Política Nacional de Bosques y la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono (LCDS). Su enfoque está en mitigar los impactos de la minería y la deforestación ilegal, con una estrategia productiva e inclusiva que fomenta la participación de comunidades locales en la reforestación. Áreas y metas: Restauración de 200,000 hectáreas para 2030.

Surinam implementa su Estrategia Nacional de Bosques y Biodiversidad con la meta de restaurar 100,000 hectáreas de bosque para 2030, priorizando áreas afectadas por la minería y la agricultura. La restauración participativa incluye a las comunidades locales en el manejo sostenible de tierras y prácticas agroforestales. Áreas y metas: Restauración de 100,000 hectáreas para 2030.

Brasil ha establecido diversos compromisos. Por un lado, restaurar 200 millones de hectáreas de paisajes forestales para 2030. Por otro lado, la Iniciativa 20×20, que tiene como objetivo recuperar 20 millones de hectáreas de áreas productivas en América Latina y el Caribe. En ambas iniciativas, Brasil se ha comprometido a restaurar, reforestar y recuperar 12 millones de hectáreas para 2030. Para el cumplimiento de esta meta, se implementa el Plan Nacional de Recuperación de la Vegetación Nativa, uno de cuyos objetivos específicos es recuperar 4.8 millones de hectáreas en la Amazonía. Asimismo, sobre la base de las recomendaciones realizadas por el Panel Científico por la Amazonía, se ha iniciado la implementación del programa Arco de Restauración de la Amazonía principalmente en tres macroregiones[8]. Mediante este programa -que contempla su extensión a lo largo de los Andes, abarcando Perú, Ecuador y Colombia- se buscan restaurar 24 millones de hectáreas hasta 2050. En el marco del programa se ha desarrollado un  mapa de “Identificación de Áreas Prioritarias para la Restauración del Bioma Amazónico”. Áreas y metas: Restauración de 12 millones de hectáreas para 2030.

Colombia cuenta con instrumentos de política, normativos y de planeación que tienen distintas aproximaciones a la restauración. Desde el 2015 cuenta con un Plan Nacional que explica los distintos tipos de intervenciones según los objetivos sean de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. Asimismo, el país cuenta con la Estrategia Nacional de Restauración 2022 – 2026 que contempla estrategias de monitoreo de áreas restauradas; de gobernanza con comunidades; y de generación de valor social y económico mediante el trabajo con sectores productivos. Esta estrategia se implementa mediante una focalización de 28 áreas (denominadas núcleos de desarrollo forestal), 22 de las cuales están en la Amazonía. 

Áreas y metas: restauración de un millón de hectáreas para 2030 de acuerdo al Plan Nacional de Restauración Ecológica. 

7 Estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático

Bolivia: El mapa de vulnerabilidad al cambio climático publicado por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra sugiere que buena parte de las tierras bajas de Bolivia se encuentra entre un índice de vulnerabilidad entre medio y alto y que cuatro municipios se encontrarían con un índice de vulnerabilidad muy alto, específicamente, los municipios de El Sena y San Pedro, en el departamento de Pando, Riberalta, en el departamento del Beni; y, El Puente, en el departamento de Santa Cruz. Asimismo, el análisis de los cambios en precipitación y temperatura de los últimos modelos del IPCC para las tierras bajas de Bolivia sugieren tendencias hacia un aumento de la temperatura en todo el territorio boliviano y una disminución de la precipitación (sequías) sobre las tierras bajas. Tales aumentos de temperatura y disminuciones de la precipitación podrían afectar la producción natural de recursos estratégicos de la Amazonia como, por ejemplo, la castaña, cuya producción natural sufrió una fuerte disminución el año 2017 (entre el 45-60% de su producción usual) como consecuencia de la transición de El Niño-La Niña que afectó la formación de sus frutos. Los principales instrumentos para hacer frente a estas circunstancias son la Política Plurinacional de cambio climático (2016- 2023) enfocada en estrategias de adaptación cuya implementación está a cargo del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 

Venezuela: la ocurrencia de sequías más intensas, en conjunto con las lluvias concentradas y torrenciales, representa una causa directa de la pérdida de los ecosistemas venezolanos según lo establecido en la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica 2010-2020[9]. Por otro lado, el incremento de la temperatura y la disminución de las precipitaciones, hace que los incendios de vegetación sean cada vez más frecuentes e intensos. Pese al riesgo climático actual, el país carece de un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y precisa instrumentos que permitan determinar los efectos de las variaciones climáticas en la región amazónica. 

Ecuador, igual que los otros países amazónicos, y de acuerdo al análisis de proyecciones futuras de riesgo climático, prevé la intensificación de eventos climáticos extremos, mayor vulnerabilidad a inundaciones y sequías prolongadas, entre otros. Entre las políticas de adaptación y mitigación se encuentra la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025, instrumento rector que busca la incorporación transversal del cambio climático en los distintos niveles de acción del Gobierno, estableciendo sectores prioritarios de intervención y líneas de acción que promuevan la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono. Asimismo, se implementa el Plan Nacional de Adaptación 2023- 2027 que busca integrar la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo a nivel nacional, local y sectorial y cuenta con un Sistema de información de Proyecciones y Riesgo Climático al 2050. Ecuador es uno de los primeros países de la región en contar con modelos de impacto biofísico para sectores de adaptación priorizados[10], y modelar los impactos del cambio climático en función de las amenazas y las proyecciones de clima futuro. La información de proyecciones y riesgos climáticos es de acceso público a través del SPRACC. Esta información es clave para la generación de política pública a nivel nacional y subnacional.

Perú es un país altamente vulnerable al cambio climático. El Plan Nacional de Adaptación es el instrumento que orienta las medidas de adaptación y está enfocado en reducir la exposición y la vulnerabilidad de sus ecosistemas, así como en aumentar la capacidad de adaptación, considerando un doble horizonte temporal en los años 2030 y 2050 (MINAM, 2021). Por otro lado, el país cuenta con una Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático al 2030, tiene

como objetivo general, reducir la pérdida y degradación de bosques en Perú y mejorar la resiliencia del paisaje forestal y de la población que depende de estos ecosistemas, con especial énfasis en los pueblos indígenas y campesinos, para reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático. Se requiere fortalecer estos instrumentos en términos de financiación y fortalecimiento de capacidades. 

Colombia también se encuentra dentro de los países más vulnerables al cambio climático. Entre las regiones del país en riesgo alto y muy alto se encuentra la Amazonía, especialmente los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas. Para hacer frente a esta situación el país cuenta con múltiples instrumentos entre los que se destacan: el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2016) que busca reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de respuesta en el país a los impactos del cambio climático, integrando medidas de adaptación y mitigación en los instrumentos de planeación departamental; y el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático -SNICC- que permite hacer Monitoreo, Reporte y Verificación de Mitigación a nivel nacional; Monitoreo y Evaluación de Adaptación al cambio climático; y Monitoreo, Reporte y Verificación de financiamiento climático. Estos instrumentos a menudo se consideran eminentemente ambientales por lo que se requiere fortalecer su uso más amplio a nivel intersectorial. 

Brasil cuenta con un índice de vulnerabilidad que mide la capacidad de adaptación de los municipios frente a los efectos del cambio climático. Esta medición se basa en criterios de planificación, logística, mantenimiento y capacidad de adaptación, evaluando asimismo el nivel de vulnerabilidad de los municipios en factores clave como la producción de alimentos. De acuerdo al índice de vulnerabilidad y según información de la plataforma AdaptaClima[11], los municipios amazónicos tienen un grado de vulnerabilidad predominantemente muy alto o alto frente a desastres naturales como inundaciones, sequías, lluvias torrenciales, entre otros. El marco de política nacional es el Plan Nacional de Adaptación (PNA, 2016) que en el presente tiene diversos desafíos en su implementación. Actualmente el país elabora una Estrategia de adaptación (Plan Clima) en el que se buscan definir metas específicas para los años 2027, 2031 y 2035. Uno de los elementos destacables del actual PNA es que incluye medidas para diagnosticar, en conjunto con los pueblos indígenas, el grado de vulnerabilidad de sus territorios al cambio climático. Este diagnóstico se basa en la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas (PNGATI), identificando las comunidades más afectadas por los impactos del clima.

Suriname enfrenta riesgos climáticos particularmente asociados a inundaciones costeras, aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos. El país hace parte de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) y el Grupo de los 77 (G77), para resaltar los desafíos únicos que enfrenta como un Pequeño Estado Insular en Desarrollo (SIDS) dentro de la región amazónica. Su Plan Nacional de Adaptación pone énfasis en reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de adaptación y resiliencia frente al cambio climático, identificando áreas prioritarias como los recursos hídricos, la silvicultura sostenible, la energía y la agricultura. Uno de los retos para su implementación está asociado al acceso a fondos climáticos, así como la disponibilidad de información sólida para presentar respaldar propuestas de adaptación. 

Guayana, al igual que Suriname, enfrenta una alta vulnerabilidad a eventos climáticos en sus zonas costeras. En la Amazonía en particular, las zonas de humedales son propensas a inundaciones estacionales y sequías. A través del Servicio Hidrometeorológico de Guyana el país genera datos (actuales) y boletines con información sobre el clima. El país cuenta asimismo con una Estrategia y Plan de Acción para la Resiliencia Climática que desarrolla tanto acciones necesarias para fortalecer la resiliencia, como las medidas de desarrollo de capacidades requeridas. 

8 Medidas para el desarrollo de alternativas económicas inclusivas

Brasil cuenta con el Programa Amazônia Legal Verde (Decreto n.º 10.828/2021) que promueve un modelo económico basado en la reducción de la deforestación y el manejo forestal sostenible, mientras que la Política Nacional sobre Cambio Climático (Ley n.º 12.187/2009) establece metas claras de reducción de emisiones en la Amazonía. Complementariamente, la Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (respaldada en la Ley n.º 14.119/2021), el programa Floresta+, fomentan la conservación de la selva mediante incentivos económicos para propietarios rurales y el desarrollo de mercados internacionales para productos forestales no maderables. De Brasil también se destaca la Política Nacional de Bioeconomía que fomenta el uso sostenible de productos forestales no maderables como el açaí, la castaña, el cupuaçu y aceites vegetales, aprovechando su potencial en mercados internacionales. Existen políticas públicas de incentivo, como el Programa Nacional de Producción Sustentable y Extrativismo, que apoya a las comunidades amazónicas en la comercialización de productos agroforestales. Asimismo, y a través del Código Forestal (Ley 12.651/2012), se ha establecido un marco sólido para el manejo forestal sostenible que exige la implementación de planes de manejo para todas las áreas productivas de la Amazonía. También cuenta con el programa Floresta em Pé, que fomenta el manejo forestal comunitario en áreas protegidas. En relación a las políticas de energía renovable, Brasil ha lanzado el Programa Luz para Todos, que incluye proyectos de electrificación rural en la Amazonía basados en energía solar y eólica. Estos proyectos han beneficiado a comunidades aisladas, reduciendo su dependencia de generadores a diesel.

Colombia cuenta con una Estrategia Nacional de Economía Verde y Crecimiento Sostenible que promueve la transición hacia una economía de bajo carbono, con un enfoque en cadenas agroecológicas como el cacao y el café. Además, Colombia ha lanzado el Corredor Ecológico y Cultural del Amazonas, bajo la Política Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que busca conectar territorios amazónicos a través de economías de conservación y turismo sostenible. En Colombia, los pueblos indígenas, en ejercicio de sus funciones de autoridad en sus territorios, desarrollan Planes de Vida, los cuales contienen las perspectivas de desarrollo y economía de los territorios indígenas y promueven el desarrollo de actividades como el cultivo de cacao y la producción sostenible de café bajo sistemas agroforestales. Por otro lado, el país cuenta con una estrategia de promoción de productos de la biodiversidad, que vincula la producción sostenible de productos amazónicos con el mercado interno e internacional.

Perú ha priorizado la diversificación económica con su Plan Nacional de Diversificación Productiva (Decreto Supremo N.º 009-2015-PRODUCE), fomentando actividades como la acuicultura, la agricultura sostenible y la explotación responsable de recursos forestales. La Iniciativa de Bosques Amazónicos, respaldada por la Ley N.º 29763, incentiva el manejo forestal sostenible y la conservación de la selva mediante compensaciones económicas y programas de formación técnica para las comunidades locales. En paralelo, Perú fomenta el ecoturismo a través del Decreto Legislativo N.º 1079, que promueve el desarrollo sostenible en áreas protegidas amazónicas. Asimismo, el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, que tiene como objetivo proteger 54 millones de hectáreas de bosques, incluye compensaciones directas para las comunidades amazónicas involucradas en la conservación y el apoyo en la implementación de planes de manejo forestal. El informe menciona un marco legal claro (Decreto Supremo N.º 008-2010-MINAM) que regula estos incentivos. En cuanto a ecoturismo, se destaca la Reserva Nacional Tambopata, una iniciativa de concesión turística en zonas protegidas.

Ecuador cuenta con un Plan Nacional de Bioeconomía que impulsa la producción sostenible de productos como la guayusa, el chuchuhuasi y el cacao para el desarrollo de productos comercializables en el mercado global  y a través de cooperativas que desarrollan prácticas agroecológicas. Asimismo, se ha desarrollado la Iniciativa de Bioemprendimientos Amazónicos, que incluye la producción de cacao fino y productos como aceites esenciales, medicinas naturales y cosméticos. En cuanto a la promoción del ecoturismo comunitario, se han desarrollado iniciativas en áreas como el Parque Nacional Yasuní. Los ingresos generados por estas actividades se reinvierten en las comunidades indígenas que administran los programas.

Bolivia, el Programa Nacional de Desarrollo Integral de la Amazonía, parte del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, promueve la resiliencia de las comunidades amazónicas mediante la agroforestería, la piscicultura y el manejo sostenible de recursos. La Iniciativa de Desarrollo Sustentable Indígena, regulada por la Ley N.º 3760, fomenta el bienestar económico de las comunidades indígenas a través de proyectos agrícolas sostenibles que apoyan la soberanía alimentaria. Además, la Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley N.º 300 de 2012) reconoce la naturaleza como sujeto de derechos, impulsando un modelo de desarrollo que integra la conservación de la biodiversidad y prácticas agrícolas sostenibles. Asimismo, el Plan Nacional de Manejo Integral de Bosques y Tierras (PNMBT) promueve la gestión sostenible de los bosques, y asegura la restauración de áreas degradadas. Bolivia también ha implementado incentivos económicos para que las comunidades indígenas participen en proyectos de reforestación. 

En Venezuela, la Misión Árbol (Decreto N.º 2.655 de 2006) se centra en la reforestación de áreas degradadas en la Amazonía, con la participación comunitaria en la restauración y el uso sostenible de los recursos forestales. Además, la Política de Turismo Sostenible (Plan Nacional de Turismo Sostenible 2014-2019) fomenta el ecoturismo en áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima. También se promueve la agricultura sostenible en comunidades indígenas a través de la Ley de Pesca y Acuicultura N.º 5.883 y la Ley de Semillas, apoyando cultivos adaptados al cambio climático y la conservación de la biodiversidad. En cuanto a turismo sostenible, las comunidades indígenas gestionan actividades turísticas en el Parque Nacional Canaima. La Ley de Turismo establece incentivos para la creación de proyectos ecoturísticos en la Amazonía venezolana.

Guyana ha sido pionera en la implementación de la Low Carbon Development Strategy (LCDS) (2009) que, como se ha mencionado antes, impulsa una economía de bajo carbono apoyada en la conservación de la selva amazónica, la energía renovable y el turismo ecológico. Además, las Iniciativas de Pago por Servicios Ambientales conectan a las comunidades indígenas con los mercados internacionales de carbono, mientras que el Plan Nacional de Desarrollo Agrícola 2020 apoya proyectos de agricultura sostenible centrados en cultivos tradicionales y la seguridad alimentaria. La Low Carbon Development Strategy (LCDS) que incluye el uso de mecanismos de compensación económica, ha logrado acuerdos con Noruega en los que Guyana ha recibido más de 250 millones de dólares por sus esfuerzos de conservación y reducción de emisiones de carbono. 

Suriname diseñó una Iniciativa de Bioeconomía Amazónica dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 que fomenta el uso sostenible de recursos forestales no maderables, apoyando la creación de empresas comunitarias para la extracción de productos como aceites esenciales y medicinas tradicionales. Además, el Plan Nacional de Energías Renovables (2016) impulsa proyectos de energía solar y eólica en la región amazónica. Se ha invertido en proyectos piloto de energía solar en comunidades rurales amazónicas, buscando reducir la dependencia de combustibles fósiles. El país ha implementado iniciativas de cooperación con la Unión Europea para expandir estas tecnologías. El país también hace parte del Amazon Bioeconomy Fund (2022-2029) y cuenta con un Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2019-2023 que fomenta el ecoturismo comunitario con comunidades indígenas.

9 Contribuciones Nacionales Determinadas

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) son compromisos presentados por los países bajo el Acuerdo de París, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), aumentar la resiliencia climática y movilizar los recursos necesarios para la acción climática. Estos compromisos incluyen metas cuantificables, como el año base de referencia, los sectores involucrados y los métodos de monitoreo. Además, las NDC deben garantizar la participación pública y considerar criterios de justicia social y equidad, lo que refleja la responsabilidad diferenciada de cada país en la crisis climática.

Un principio clave de las NDC es la progresión continua, lo que implica que cada actualización sea más ambiciosa que la anterior y acerque a los países hacia la neutralidad de carbono a mediados de siglo. La próxima actualización de las NDC, programada para febrero de 2025, será fundamental y se consolidará en la COP 30, que se celebrará en Belém de Pará. Este es un momento estratégico para evaluar, de forma regional, las metas que se han propuesto en la Amazonía, su coherencia frente a la emergencia climática, y cómo los países amazónicos pueden trabajar de manera coordinada para construir compromisos más eficaces y pertinentes.

Una articulación regional sólida para la protección de la Amazonía no solo aumentaría la eficacia de las acciones nacionales, sino que también podría traducirse en la movilización de recursos adicionales, fortaleciendo estructuras de cooperación como la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica). Esta cooperación es clave para enfrentar los desafíos compartidos, tales como la deforestación, la degradación de ecosistemas y el desarrollo sostenible de la región. A continuación, se presenta un análisis comparativo de los compromisos de los ocho países miembros de la OTCA, con un enfoque en tres áreas clave: la deforestación, la restauración forestal y las prácticas en el sector agropecuario, elementos esenciales para una gestión climática integral en la Amazonía.

  • Deforestación y emisiones de GEI

La deforestación es un factor clave de las emisiones de GEI en la región amazónica. En Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, el sector de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (UTCUTS) representa una proporción significativa de las emisiones: 70% en Brasil, 78% en Bolivia, 58% en Colombia y 51.6% en Perú, respectivamente. 

La capacidad de estos países para cumplir con sus compromisos climáticos depende, en gran medida, de la reducción efectiva de la deforestación.

  • Brasil se ha comprometido a eliminar la deforestación ilegal para 2028 y reducir la deforestación en la Amazonía en un 80% para 2025, en comparación con los niveles de 1996-2005. Además, su NDC actualizada en 2023 establece reducir las emisiones de GEI en un 50% para 2030[12].
  • Colombia, por su parte, ha fijado como objetivo reducir la deforestación a 50.000 hectáreas anuales para 2030 y alcanzar la deforestación neta cero en la Amazonía para ese mismo año[13].
  • Perú no establece una meta numérica específica para la deforestación, pero prioriza su reducción como parte de su Estrategia Nacional REDD+.
  • Bolivia, en su NDC de 2022, se comprometió a reducir la deforestación en un 80% para 2030, condicionado a la cooperación internacional.
  • Ecuador, en su NDC actualizada de 2019, incluyó una estrategia para reducir las emisiones derivadas de la deforestación en el marco de su Plan de Acción REDD+. El país se comprometió a una reducción del 20% en las emisiones por deforestación para 2025, en comparación con el escenario base​[14].
  • Venezuela, en su NDC de 2021, se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 20% para 2030. Sin embargo, no se ha establecido una meta cuantitativa específica para la reducción de emisiones relacionadas directamente con la deforestación. En su NDC, Venezuela menciona la importancia de la Amazonía como un sumidero de carbono y destaca el compromiso de conservar este bioma, pero las metas específicas de reducción de deforestación o relacionadas con las emisiones del sector agropecuario o de hidrocarburos no están detalladas de manera cuantitativa​. El enfoque de Venezuela en su NDC está más centrado en la reducción de emisiones generales y la adaptación, condicionando buena parte de sus compromisos a la cooperación internacional en términos de financiamiento y transferencia de tecnología[15].

Estos altos porcentajes demuestran que la deforestación es un factor determinante para alcanzar las metas de reducción de GEI en la Amazonía. Sin embargo, el éxito de estos compromisos depende de la implementación de políticas efectivas que no solo controlen la expansión agrícola y ganadera, sino que también aborden el crimen ambiental, un desafío transfronterizo que exige cooperación internacional robusta.

A pesar de los compromisos ambiciosos de Brasil y Colombia, preocupa la falta de metas específicas y cuantitativas en Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela. Esta disparidad revela la necesidad urgente de avanzar hacia compromisos más estandarizados, lo que permitiría no solo una mayor coherencia regional, sino también una mejor organización del financiamiento y el fortalecimiento institucional necesario para alcanzar las metas climáticas. Es fundamental que los países con grandes áreas amazónicas alineen sus compromisos con la magnitud de la crisis climática y se comprometan con metas más claras y cuantificables.

  • Sector agropecuario

El sector agropecuario también desempeña un papel crucial en la reducción de emisiones en la región amazónica. Brasil lidera con su Plan ABC+, que busca implementar prácticas agrícolas de bajo carbono en 52 millones de hectáreas para 2030. Colombia menciona el sector como una prioridad, pero no establece metas cuantitativas específicas. Guyana también incluye la sostenibilidad agrícola en su estrategia de desarrollo bajo en carbono, aunque no define metas concretas.

Guyana y Surinam: Países Carbono Negativos.

Tanto Guyana como Surinam presentan características únicas dentro de la región amazónica debido a su estatus como países carbono negativos, gracias a su alta cobertura forestal y capacidad de absorción de carbono. Sin embargo, enfrentan retos específicos y oportunidades en sus compromisos climáticos, especialmente en la protección de sus bosques y la gestión de recursos naturales.

  • Surinam, en su NDC actualizada de 2019, no ha establecido metas cuantitativas específicas relacionadas con la reducción de emisiones por deforestación en la Amazonía. Sin embargo, su estatus de país carbono negativo lo convierte en un actor crucial en la región. Aproximadamente el 93% del territorio de Surinam está cubierto por bosques, lo que le permite absorber más dióxido de carbono del que emite. Como parte de su compromiso, el país se ha propuesto proteger al menos el 17% de sus bosques y humedales para 2030, y continuar promoviendo soluciones basadas en la naturaleza, como la gestión sostenible de los recursos forestales, para mantener esta capacidad de secuestro de carbono. A pesar de estas fortalezas, el país enfrenta presiones crecientes de actividades extractivas, como la minería, que podrían amenazar este equilibrio si no se gestionan adecuadamente.
  • Guyana, por su parte, en su NDC de 2021, se compromete a mantener las tasas de deforestación a un nivel 90% por debajo del promedio global, lo que refleja su ambición de continuar siendo un país con emisiones netas negativas. Este compromiso se sustenta en su extensa cobertura forestal, similar a la de Surinam. Además, Guyana se ha fijado la meta de restaurar 200.000 hectáreas de bosques degradados para 2030 como parte de sus esfuerzos de mitigación y secuestro de carbono. El país también prioriza la integración de prácticas agrícolas sostenibles en su Estrategia de Desarrollo de Bajo Carbono, promoviendo una agricultura más resiliente y de bajo impacto. Guyana se enfoca en la conservación de sus bosques a través de iniciativas como el programa REDD+, que busca reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal, al mismo tiempo que asegura el manejo sostenible de sus recursos naturales.

Ambos países, a pesar de sus bajas tasas de deforestación y el hecho de ser sumideros netos de carbono, enfrentan el reto de mantener estos balances positivos frente a las crecientes presiones de actividades extractivas y agrícolas. Por tanto, sus compromisos en el marco de sus NDC se centran no solo en la preservación de sus bosques, sino también en la implementación de soluciones sostenibles que aseguren la integridad de sus ecosistemas y el bienestar de sus comunidades.

Conclusión

El análisis de las NDC de los países amazónicos resalta el papel crítico que tiene la reducción de la deforestación para alcanzar las metas de mitigación de GEI en la región. Sin embargo, más allá de las metas específicas de cada país, es fundamental reconocer que los drivers de la deforestación en la Amazonía no pueden abordarse eficazmente de manera aislada. La Amazonía es un sistema interdependiente, donde las acciones de un país impactan directamente a los ecosistemas y compromisos de sus vecinos. Por tanto, la cooperación regional no es solo deseable, sino indispensable para garantizar el éxito en la reducción de la deforestación y en el cumplimiento efectivo de las metas climáticas.

El éxito de las NDC nacionales depende en gran medida de un enfoque colectivo que permita atacar las causas estructurales de la deforestación y degradación forestal de manera coordinada. La región amazónica comparte desafíos comunes que no pueden ser enfrentados únicamente desde políticas nacionales, sino que requieren una estrategia regional robusta, facilitada por organismos como la OTCA. La cooperación debe centrarse en la implementación de políticas efectivas, la gestión sostenible de los recursos naturales, la lucha contra el crimen ambiental transfronterizo y la movilización de recursos para fortalecer las capacidades locales.

Asimismo, avanzar hacia metas climáticas más ambiciosas no implica necesariamente una estandarización de los compromisos, sino un fortalecimiento de la cooperación regional que permita a los países compartir buenas prácticas, recursos técnicos y financieros, y mejorar su capacidad de gobernanza. En este contexto, la próxima actualización de las NDC en 2025, consolidada en la COP 30 en Belém de Pará, será una oportunidad crucial para reorientar los compromisos climáticos de la región, asegurando que se traduzcan en acciones concretas y colaborativas.

El cumplimiento de las metas climáticas en la Amazonía es un desafío que trasciende fronteras. Es imprescindible que los países amazónicos trabajen juntos para asegurar que las NDC sean no solo un compromiso formal, sino una herramienta efectiva de acción climática que permita preservar este bioma esencial para el equilibrio climático global. En última instancia, el éxito de cada país está vinculado al éxito de la región como un todo.