Primera acción urgente: detener la deforestación y la degradación ambiental

La minería ilegal, tanto de oro como de otros recursos minerales, es una de las principales causas de deforestación y degradación ambiental en la Amazonía. Esta problemática, además de afectar gravemente la biodiversidad, causa devastación sobre los recursos hídricos, genera graves impactos en la salud pública, modifica patrones de asentamiento y da lugar al desplazamiento de comunidades. Todos los países de la región reportan su ocurrencia y la asocian a la operación de redes criminales transnacionales, lo que exige estrategias coordinadas. Los esfuerzos a escala nacional, aunque importantes, corren el riesgo de convertirse en operaciones aisladas, en algunos casos, con repercusiones directas en las fronteras de sus vecinos. Así ocurrió, por ejemplo, con el crecimiento de la presencia de garimpeiros al sur de la Amazonía Venezolana luego de las medidas implementadas por las autoridades brasileñas para el desmantelamiento de campamentos[6]. El carácter transnacional de la minería ilegal exige abordarse bajo un enfoque regional y multidimensional que considere tanto el problema de seguridad, como la crisis de derechos humanos y salud pública que representa para todos los países. Para esto, los esfuerzos regionales pueden enfocarse en: 

1. Fortalecer y articular la cooperación en materia de seguridad a través de la Comisión Especial de Seguridad Pública e Ilícitos Transnacionales (RES/ XIV MRE-OTCA/09) y las autoridades de defensa, seguridad e inteligencia de cada país. Esto incluye contar con canales de intercambio de información (ver oportunidad 1.1.1) y coordinar acciones para la persecución de los delitos, incluyendo operativos conjuntos orientados al desmantelamiento de redes. Operaciones binacionales realizadas entre países han sido efectivas en este propósito, como la que se llevó a cabo a finales de 2023 entre las autoridades de Colombia y Brasil para el desmantelamiento de estructuras ilícitas en áreas fronterizas[7]. Brasil ha fortalecido la cooperación bilateral con Bolivia, Perú y Colombia en materia de seguridad para actuar conjuntamente ante éstos delitos y sus actividades conexas. 
2. Reforzar el control del comercio ilícito y articular estrategias para detener la salida de minerales que financian estas actividades ilícitas. Esto implica evaluar la articulación con organismos internacionales competentes (como el Grupo especializado del Programa sobre Seguridad Medioambiental de la Interpol) y con autoridades aduaneras. Brasil ha hecho esfuerzos para la regulación de la cadena productiva del oro y el diseño y uso de tecnologías (radar SABER M60) para el monitoreo aéreo en tiempo real. Esta tecnología contribuye a desmantelar operaciones de extracción de oro en territorios indígenas[8]. 
3. Coordinar acciones entre la Comisión Especial de Seguridad Pública, la Comisión Especial sobre Salud de la Amazonia (CESAM), la Red Amazónica de Autoridades del Agua, la Red Amazónica de Autoridades Forestales, y el Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas para abordar los impactos ambientales y sociales de la minería ilegal. Esto incluye el desarrollo de estrategias de monitoreo participativo (p.e de cantidad y calidad del agua); datos y análisis de impactos ambientales (contaminación y degradación) y sociales que sirvan al diseño de estrategias que beneficien a las comunidades y los ecosistemas. La coordinación entre estos mecanismos también puede servir para impulsar estrategias conjuntas de recuperación de cuerpos de agua, restauración de bosques degradados (ver acción urgente 3), y el abordaje de los impactos en la salud pública.