Quinta acción urgente: promover economías sostenibles, resilientes, inclusivas y de bajo carbono

La fragilidad de los ecosistemas Amazónicos exige políticas de desarrollo económico cuya escala no comprometa el equilibrio ecológico de la región (SPA, 2021). Asimismo, y considerando las contrastantes realidades de la población amazónica que habita en zonas urbanas y aquellas poblaciones cuyos medios de vida dependen de los bosques, la enorme diversidad sociocultural de la Amazonía exige marcos de política económica específicos y diferenciados. Esta pauta de adaptación a la especificidad de cada contexto incluye el respeto al derecho a la libre determinación y a definir libremente, y conforme a sus propias aspiraciones, el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas (CIDH, 2019). 

El creciente consenso[18] alrededor de los lineamientos de protección que deben guiar las políticas económicas en la Amazonía enfrenta, sin embargo, tanto los complejos desafíos descritos en la acción urgente para detener la deforestación, como el prioritario reto de mejorar la calidad de vida de sus habitantes sin recurrir a la explotación destructiva de los recursos naturales. Las acciones urgentes de conservación y restauración previamente abordadas, aunque presentadas como dimensiones separadas, incorporan perspectivas de desarrollo económico (como la integración de medidas productivas compatibles con la conservación), y tienen evidentes conexiones asociadas a la promoción de economías que respeten tanto la biodiversidad como las prácticas de las comunidades locales (ver 2.1.1-D; 2.1.3; 3.1.1-B; 3.1.1-D; 3.1.2-B).

Además de las medidas para la restauración productiva antes mencionadas, cada país ha desarrollado estrategias específicas:

• Promoción de sistemas productivos como la agroforestería, la producción forestal sostenible, el aprovechamiento de productos forestales no maderables (açaí, castaña, cupuaçu y aceites vegetales), la acuicultura y el ecoturismo comunitario. 
• Bolivia, Brasil y Ecuador han priorizado el aprovechamiento de productos forestales no maderables. Perú ha creado un plan de diversificación productiva fomentando la acuicultura, el manejo forestal sostenible y el ecoturismo.
• Inclusión financiera y digital de las poblaciones amazónicas: Colombia y Guyana han fomentado el acceso a servicios financieros y digitales para las poblaciones de la región, vinculado a créditos y salvaguardas socioambientales.
• Desarrollo de planes nacionales de bioeconomía enfocados en iniciativas para valorizar el origen de los productos de la región amazónica y apoyar las cadenas de valor locales. 
• Implementación de incentivos a la conservación como el pago por servicios ambientales (PSE).
• Desarrollo de programas de energía renovable e inversión en ciencia, tecnología e innovación. 
• Diseño de instrumentos financieros específicos para la acción climática (cambio de deuda por acción climática): Guyana y Perú han desarrollado herramientas financieras enfocadas en la gestión de la deuda externa mediante su conversión en recursos para la acción climática. 
• Creación de estándares de sustentabilidad ambiental para las adquisiciones del sector público, fomentando la sostenibilidad en las compras gubernamentales y generando incentivos para el desarrollo de la bioeconomía. 

Las oportunidades de cooperación en éstos ámbitos ofrecen un potencial significativo para la construcción de una visión que permita impulsar modelos inclusivos, de bajo carbono y alineados tanto con la conservación del bioma como con la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones.