Segunda acción urgente: conservación y uso sostenible de los ecosistemas amazónicos

Avanzar hacia una visión sistémica para la protección de la Amazonía exige consolidar y fortalecer las medidas que históricamente han demostrado ser efectivas para la conservación de la biodiversidad, y que en el presente son fundamentales para la mitigación y adaptación al cambio climático (MAAP, 2004): la creación de áreas protegidas y el reconocimiento de territorios indígenas. Actualmente, el 47,2% de la Amazonía se encuentra bajo alguna de estas figuras de protección (RAISG, 2019)[9]. Este porcentaje, correspondiente a casi la mitad del bioma, permite afirmar que los gobiernos de la Amazonía han cumplido la Meta 3 del Marco Mundial Kunming-Montreal[10]. Sin embargo, sus ecosistemas y poblaciones siguen siendo altamente vulnerables, incluso allí donde se han establecido éstas figuras. Según estudios de la RAISG, en 20 años (del 2000 al 2020) el 14% de la cobertura boscosa del bioma se perdió dentro de estas áreas. Aunque dicho porcentaje es significativamente menor al correspondiente a otras áreas en las que ocurre la deforestación[11], se ha advertido que “la tendencia dentro de estas unidades [ANP y TI] en los últimos cinco años es al aumento en la deforestación anual […].” (RAISG, 2020). 

El hecho de que el 47% de la región esté protegida y aun así enfrente un riesgo alarmante, sugiere no sólo la urgencia de tomar medidas para mantener las metas de conservación en el largo plazo, sino la necesidad de contar con una meta diferenciada que responda a las particularidades de la región. En cuanto a las medidas para mantener las metas, le corresponde a los gobiernos reforzar la protección, la gestión y la conectividad de las diversas categorías de conservación y uso sostenible de la biodiversidad (como las ANP, los TI, y las OMEC). Por un lado, consolidando y fortaleciendo la gobernanza y gestión de éstas áreas aún conservadas y, por otro, ampliando su conectividad con otras que aún no están protegidas y que representan un alto porcentaje de ecosistemas de alta integridad ecológica y forestal. La RAISG (2022) ha identificado Áreas Intactas (AI) que representan 277 millones de hectáreas de la Amazonía. 89 millones de hectáreas en estas áreas no han sido designadas bajo ninguna figura de protección. Asimismo, se han identificado Áreas Prioritarias Clave con Baja Degradación (ABD) que representan el 41% (352 millones de hectáreas) de la Amazonía. De estas áreas, cerca de la mitad (166 millones de hectáreas) carece de algún régimen de protección. Ampliar la protección a éstas áreas representa una contribución significativa al mantenimiento de la integridad y conectividad ecosistémica de la región. 

Entre las principales estrategias que los países amazónicos han desarrollado para garantizar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad (ver información comparada 5) se destacan: 

• La creación de sistemas nacionales de áreas protegidas: pese a que todos los países amazónicos han avanzado en la creación de estos sistemas, todos comparten el reto de fortalecer la gestión, conectividad, financiación y gobernanza de sus áreas. Brasil ha avanzado, a través del programa ARPA (Áreas Protegidas da Amazônia), en la implementación de medidas para la consolidación y fortalecimiento.
• La creación de corredores de conectividad ecosistémica: los países han desarrollado medidas para la creación de áreas interconectadas que faciliten la migración de especies y mantengan la funcionalidad de los ecosistemas. Colombia y Ecuador han creado corredores integrando enfoques de gobernanza participativa a través del Programa Socio Bosques (Ecuador) y la creación de modelos de coordinación con pueblos indígenas y comunidades (Colombia). Perú, Ecuador y Brasil han avanzado en iniciativas transfronterizas para la gestión conjunta de ecosistemas compartidos. Su experiencia representa una oportunidad para la creación de corredores que conecten áreas protegidas, territorios indígenas y OMECs. 
• La implementación de incentivos de conservación: los programas que remuneran a las comunidades amazónicas por la conservación y provisión de servicios ambientales, aunque con retos de implementación efectiva, son implementados por Perú, Brasil y Guyana. La experiencia de Brasil y Perú en la creación de marcos de regulación[12] sobre Pago por Servicios Ecosistémicos (PSE) y la firma de convenios de conservación de bosques bajo el mecanismo Transferencias Directas Condicionadas (TDC) a comunidades, son un referente valioso para aunar esfuerzos de armonización de marcos sobre PSA que permitan crear esquemas regionales.
• El reconocimiento de territorios indígenas como figuras clave en la gestión de los bosques y la protección de la biodiversidad. Brasil y Colombia cuentan con experiencias relevantes en cuanto a modelos de coordinación y gobernanza compartida con pueblos indígenas y comunidades locales, tanto para la gestión de áreas en calidad de autoridades públicas (Colombia), como para el desarrollo de programas comunitarios de monitoreo de la biodiversidad (Brasil). Ecuador y Perú han avanzado en la integración de enfoques de gobernanza participativa.

La implementación de Otras Medidas Eficaces de Conservación basadas en Áreas: como parte de las estrategias de creación de corredores de conectividad ecosistémica los países han reconocido la importancia de integrar diversas figuras de conservación, entre éstas las OMEC. Perú y Ecuador han avanzado en el desarrollo de instrumentos para el reconocimiento, registro y reporte de OMEC.