Quinta acción urgente: promover economías sostenibles, resilientes, inclusivas y de bajo carbono

Como ha advertido el Panel Científico por la Amazonía (2024), a pesar de su rol fundamental en la protección de los ecosistemas, en la producción de bienes provenientes de la biodiversidad y en la reproducción de relaciones con la naturaleza que hacen posible la provisión de servicios ambientales, buena parte de las comunidades amazónicas reciben escasos o mínimos beneficios económicos. La efectiva implementación de políticas de pago por servicios ambientales (PSA) puede contribuir a crear mecanismos de distribución justa, transparente y equitativa de beneficios. 
Los países tienen la oportunidad de desarrollar un esquema regional de compensación por servicios ambientales, que a su vez facilite la creación de un mercado regional de carbono que aproveche los programas existentes, como los de Brasil (programa Floresta+[20]) y Guyana, atrayendo financiamiento internacional. Esto exige armonizar los marcos para la promoción de estos incentivos (ver acción urgente 2), y desarrollar regulaciones y salvaguardas para la protección de los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales (CIDH, 2024).